A principios de octubre de 2025, con su futuro político en juego, el primer ministro francés saliente y reelegido, Sébastien Lecornu, prometió suspender las impopulares reformas de las pensiones hasta las elecciones presidenciales de 2027.
Los diputados socialistas declararon la victoria. La comunidad empresarial francesa se quejó. S&P rebajó la calificación crediticia de Francia, citando problemas presupuestarios.
Ahora que Francia está a punto de iniciar reformas inminentes en al menos dos años y muchos países europeos enfrentan sus propias crisis de pensiones, vale la pena pensar en cómo diseñar reformas de pensiones que sean sostenibles, justas y políticamente viables.
Una de las características sorprendentes del debate sobre la reforma de las pensiones en Europa es cuán bien se comprenden y documentan sus problemas subyacentes. La población de Europa está envejeciendo. La tasa de natalidad está disminuyendo. La esperanza de vida es cada vez más larga. Menos personas contribuyen a los sistemas gubernamentales y más personas recibirán dinero de ellos durante períodos de tiempo más largos. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos están reduciendo la participación del ingreso laboral en el producto interno bruto.
Dado que la mayoría de los sistemas de distribución europeos se desarrollaron cuando las condiciones demográficas eran completamente diferentes, es necesario ajustarlos para reflejar la realidad actual. Estamos adoptando esto en otras áreas, como la educación, donde estamos cambiando la zonificación de los distritos escolares y reduciendo la construcción de nuevas escuelas para reflejar menos niños en nuestros vecindarios. Pero cualquier conversación sobre cambiar la edad de jubilación se topa con miles de manifestantes enojados que llenan las calles de París, Madrid o Bruselas.
Francia también es importante para poner la reforma en perspectiva: ha propuesto aumentar la edad de jubilación en dos años, hasta los 64. Dinamarca ajusta su edad de jubilación cada cinco años según la esperanza de vida y ha aprobado aumentarla a 70 años en 2040 desde los 67 actuales a principios de año.
Las reformas de las pensiones siguen fracasando porque la política tiene prioridad sobre la economía. Las transiciones demográficas son predecibles, sus costos mensurables y ya existen los instrumentos de política necesarios para abordar sus consecuencias. Pero las reformas fracasan cuando chocan con incentivos electorales y desconfianza pública.
¿Cómo superar estos problemas? En lugar de analizar un solo elemento, como la edad de jubilación, proponemos un enfoque multidimensional que considere los costos además de las contribuciones y compense a quienes se vean inicialmente afectados por las reformas. El estudio utilizó a España como ejemplo, pero las lecciones también son válidas para muchos países europeos, incluida Francia.
Ajustes automáticos y compensaciones únicas
Parte de la solución radica en introducir nuevos mecanismos o reglas de ajuste automático que adapten las pensiones a las cambiantes realidades económicas y demográficas. Estos mecanismos hacen que los sistemas de pensiones sean más predecibles y confiables, y reducen su dependencia de una serie de reformas ad hoc que están plagadas de dificultades políticas.
También proponemos compensar a los trabajadores y jubilados que soportan la peor parte de las pensiones reducidas. Esto se hará mediante una transferencia única de activos líquidos del gobierno a los hogares.
La desventaja de esta política es que los gobiernos tendrán que financiar estos pagos, muy probablemente mediante la emisión de nueva deuda pública. Pero, como hemos visto muchas veces, las reformas que se introducen sin ningún intento de compensar a quienes salen perdiendo muchas veces se revierten. Los votantes de mayor edad que buscan jubilarse (y cada día son más) bloquearán cualquier intento de recortar sus beneficios a menos que comprendan que serán compensados por sus pérdidas.
La reforma de las pensiones se vuelve viable
Para que las reformas de las pensiones realmente funcionen, deben depender de cinco elementos:
Introducir un factor de sostenibilidad que ajuste el tamaño de las pensiones iniciales en función de la esperanza de vida de la cohorte de trabajadores que se jubilan. En la práctica, esto significa que las personas que se jubilan anticipadamente recibirán una pensión menor porque es probable que reciban beneficios durante más años. Esto crea un incentivo para que los trabajadores extiendan su vida laboral.
Introducir una regla de ajuste automático que actualice los derechos de pensión y/o las pensiones para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Muchos sistemas actualizan ahora las pensiones utilizando el índice de precios al consumo. Esto es insostenible, ya que reduce la tasa de reemplazo de las pensiones, la proporción entre el salario previo a la jubilación y los ingresos por pensiones. Esto es especialmente cierto en condiciones de crecimiento bajo o incluso nulo de la productividad laboral (como en España).
Calcular las pensiones utilizando las contribuciones realizadas durante toda la vida laboral de los trabajadores que se jubilan, en lugar de las de los últimos 25 años o alguna otra cifra reducida. Ignorar los primeros años de trabajo tiende a beneficiar a los trabajadores mejor pagados y da como resultado una financiación insuficiente del sistema en su conjunto.
Eliminar los límites a las deducciones del impuesto sobre la nómina, pero mantener las pensiones máximas para que las personas con mayores ingresos aporten más al sistema sin recibir pensiones más altas a cambio.
Ofrecer una compensación única a los trabajadores y jubilados que perderán con estas reformas. Estas compensaciones podrían financiarse con deuda pública. Este componente de transición promueve una transición justa y previene la exclusión social que a menudo conduce al fracaso de las reformas de las pensiones.
Combinadas, estas medidas no sólo mejoran la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones al reducir los costos futuros de las pensiones, sino que también alientan el ahorro privado y promueven una vida laboral más larga. Si las reformas se anuncian temprano, el costo de la transición puede ser menor porque los hogares tendrán más flexibilidad para ajustar sus opciones de consumo, ahorro y jubilación.
Esto no significa que las reformas de las pensiones no causarán controversia. Si se tomaran estas medidas, los gobiernos tendrían que explicarlas claramente y anticipar la resistencia pública. También deberán dejar claro que sin reformas, serán inevitables aumentos impositivos significativos.
Sin embargo, la alternativa es aún peor. Estimamos que España tendrá que aumentar su impuesto al valor agregado promedio en 9 puntos porcentuales, del 16% al 25%, para recaudar ingresos suficientes para mantener el sistema actual indefinidamente. Al retrasar decisiones impopulares sobre las pensiones, las autoridades se están preparando para aumentos de impuestos aún más impopulares en el futuro.
