La Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. acordó detener la encuesta de emergencia a los mineros de Bitcoin como parte de un acuerdo para poner fin a la demanda presentada por varios actores de la industria, incluido el Consejo Blockchain de Texas.
Según el 1 de marzo presentación judicial, la EIA debe destruir cualquier información de la encuesta que ya haya recibido y la información que aún esté por recibir. También debe secuestrar o mantener confidenciales esos datos hasta su destrucción.
La controvertida encuesta tenía como objetivo recopilar datos sobre cuánta energía utilizan los mineros. Sin embargo, la industria respondió con demandas que argumentaban que la encuesta “dañaría irreparablemente” las operaciones al obligar a los mineros a divulgar “información confidencial”.
Términos del acuerdo
Como parte del acuerdo, la EIA publicará un nuevo aviso en el Registro Federal para reiniciar el proceso de encuesta desde cero, retirando y reemplazando un aviso anterior del 9 de febrero, que no invitaba a comentarios ni opiniones.
El nuevo aviso debe permitir un período de comentarios de 60 días, después del cual la EIA podrá realizar el estudio siguiendo disposiciones legales y reglamentarias específicas.
Además, la EIA debe considerar los comentarios presentados en respuesta tanto al aviso nuevo como al del 9 de febrero como si se hubieran presentado al nuevo aviso.
La EIA y otros demandados pagarán adicionalmente a los demandantes (Riot Platforms y Texas Blockchain Council) 2.199,45 dólares para cubrir los costos y honorarios legales.
Encuesta controvertida
La EIA comenzó a recopilar datos sobre las empresas mineras a finales de enero después de que la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) autorizara la encuesta como una solicitud de emergencia. La controvertida encuesta ha estado estrechamente vinculada a las políticas de la administración Biden, específicamente a las políticas energéticas descritas en su Ley de Reducción de la Inflación de 2022.
A las agencias les preocupaba que la minería de Bitcoin pudiera acelerarse junto con el crecimiento de los precios, lo que provocaría un mayor consumo de energía durante los períodos de alta demanda y el clima frío.
El congresista republicano Tom Emmer expresó su oposición a la encuesta sobre 22 de febrero. Además de negar que la minería de Bitcoin representara una amenaza, Emmer señaló que la EIA había justificado una encuesta basándose en políticas de emergencia, pero no había introducido el período de comentarios requerido.
Los actores de la industria, incluidos Plataformas antidisturbiosla Cámara de Comercio Digital y el Texas Blockchain Council, presentaron una demanda judicial contra la encuesta, lo que resultó en que el tribunal concediera una suspensión temporal hasta el 24 de marzo.
Tras la acción legal, la EIA detuvo sus intentos para recopilar datos un día después, el 24 de febrero.